¿Conspiración contra los trabajadores tercerizados de SIDOR?

¿Conspiración contra los trabajadores tercerizados de SIDOR?

Por: Colectivo Antonio Díaz “Pope”.
Fecha de publicación: 10/04/08 en www.aporrea.org

Al calor del pronunciamiento del Presidente de la República, comandante Hugo Chávez, en relación a la necesidad de enfrentar la tercerización laboral en SIDOR y el posterior anuncio de la renacionalización de esta empresa, en una afirmación de la administración soberana sobre los medios de producción estratégicos, cabe preguntarse por qué el actual Ministerio del Trabajo y Seguridad Social abandonó una política de combate a las formas de explotación y precarización que afectan a los trabajadores y trabajadoras que laboran en las contratistas y subcontratistas.

Como precisó el primer mandatario nacional, en el año 2006 se inició una sostenida política oficial contra diversas formas de tercerización y flexibilización laboral que se habían incorporado en el país tras la imposición neoliberal de la década de los noventa. Entre las medidas adoptadas se encontró la eliminación de las denominadas “empresas de trabajo temporal” y su declaratoria como empresas intermediarias, a través de la reforma del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo de ese año, estableciendo que los trabajadores y trabajadoras de dichas empresas temporales debían recibir los mismos derechos y beneficios que los percibidos por aquellos y aquellas que laboraban para las empresas principales contratantes, especialmente los derechos y beneficios derivados de las convenciones colectivas. Esta medida fue un certero golpe contra una figura de abaratamiento de los derechos y beneficios laborales, que facilitaba la simulación y evasión de las obligaciones que las empresas principales debían asumir con los trabajadores y trabajadoras que efectivamente le prestaban labores.



Junto a estas medidas el gobierno nacional estableció claros precedentes sobre la responsabilidad solidaria de empresas principales frente a contratistas y subcontratistas, resaltando decisiones administrativas para hacer justicia ante deudas sociales históricas.

En el caso de SIDOR y al calor de las luchas emprendidas para hacer cumplir la orden de cancelación especial de los domingos laborados, se emprendió una sistemática acción de organización de los trabajadores y trabajadoras de las contratistas y las subcontratistas, que se evidenció en facilitar el ejercicio de la libertad sindical, en la elección directa de los delegados y delegadas de prevención, como condiciones previas al establecimiento de medidas de combate directo a formas de tercerización y precarización laboral que culminaron con la aprobación de la Resolución N° 5.041 del Ministerio del Trabajo y Seguridad (Gaceta Oficial 38.599, del 08 de enero de 2007-VER RESOLUCIÓN), a través de la cual se creó la “Comisión de Corresponsabilidad para el Seguimiento y Control en el cumplimiento de las normas laborales y de seguridad social por parte de las contratistas y subcontratas de la empresa SIDOR”.

Varios ejes guiaban esta acción de gobierno que fue desechada, como otras políticas de enfrentamiento a la evasión laboral y a la seguridad social dentro del reacomodo que la “derecha endógena” impuso en los últimos meses. La resolución ministerial afirmaba el principio de responsabilidad solidaria y directa de SIDOR ante la insolvencia de las contratistas y subcontratistas frente a sus trabajadores y trabajadoras; daba continuidad a la lucha por condiciones de trabajo más seguras, impulsada por los delegados y delegadas de prevención y el INPSASEL; proseguía un proceso de identificación de las labores inherentes y conexas que prestaban los trabajadores y las trabajadoras de las contratistas y subcontratistas a los efectos de ser incorporados como beneficiarios de la nueva convención colectiva entre SUTISS y SIDOR cuya discusión estaba por iniciarse; se estableció que ninguna contratista o subcontratista podría laborar en SIDOR sin contar con la solvencia laboral y se publicaron listados en la prensa local de las empresas que violaban los derechos de los trabajadores y trabajadoras tercerizados para prohibir su participación en licitaciones y contrataciones públicas de empresas estatales de la CVG y del resto de la Administración Pública.

La comisión ministerial que sería designada haría propuestas concretas para que el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social dictase por vía ejecutiva medidas y ordenamientos de obligatorio e inmediato cumplimiento para enfrentar “las situaciones de explotación y precarización laboral”. La resolución ministerial además fue acompañada de la aprobación de un proyecto de investigación permanente y acompañamiento a la organización de los trabajadores y trabajadoras a cargo de dirigentes del movimiento popular de la zona, históricamente vinculados a las luchas contra la tercerización en las empresas básicas de Guayana.

Resulta claro que esta resolución ministerial aún vigente (dado que no ha sido derogada) en lugar de ser aplicada y puesta en ejecución, fue archivada por la vía de los hechos. Nunca se designaron sus representantes y nunca se constituyeron sus comisiones técnicas de trabajo. La activa labor de los delegados y delegadas de prevención, junto con el INPSASEL, fue anulada y neutralizada, dado los “conflictos” que generaba al capital transnacional y local.

Así pues, el pacto de clases que ha operado desde la Administración del Trabajo actual, se tradujo en el “dejar hacer, dejar pasar” propio de los gobiernos liberales y lejos del compromiso socialista con los intereses de la clase obrera. El poder político de la transnacional propietaria de SIDOR y de los contratistas y subcontratistas en Guayana pudo más que la acción revolucionaria que inició el gobierno nacional en el 2006, la cual debió continuar para poner fin a una deuda histórica con los sectores más golpeados con la forma de organización del trabajo capitalista que se impuso en el estado Bolívar en los años noventa, incluso antes de la privatización de SIDOR y que hoy persiste con similar gravedad en el resto de las empresas básicas.

Resulta evidente que tras tanta desocupación y ante el abandono de una clara política revolucionaria, se pretendió anteponer el control burocrático gubernamental sobre las luchas de los trabajadores y trabajadoras, para mantener el viejo cuadro de relaciones económicas y políticas que sirvieron a los gobiernos de la cuarta y que también, hay que afirmarlo, hoy han servido a los intereses de las nueva clase política y tecnocrática regional.

Pero, claro está, la lucha persistente de la clase obrera, unida a la insostenible situación heredada y agudizada por la complicidad gubernamental en el campo laboral y de la seguridad social, no podía ocultarse. El escenario de la nueva negociación colectiva sería aprovechada, como ha ocurrido, para colocar nuevamente el tema en la mesa con la fuerza que se merece.

Por ello, en el camino de avance del socialismo, aprovechando el anuncio de afirmación de la soberanía nacional sobre SIDOR, cabe esperar que la lucha por la tercerización desde el gobierno no quede como las medidas adoptadas recientemente, engavetadas y olvidadas, permitiendo que el poder económico y político continúe intacto.

Sólo la continuidad de la lucha revolucionaria de la clase obrera, asegurarán que se profundice los avances hoy alcanzados con la renacionalización. Que así sea camaradas.

Colectivo Antonio Díaz “Pope”.

10.04.2007