En el
camino de la transición socialista
EL MINISTERIO DE LA
CULTURA, POLÍTICAS LABORALES ALTERNATIVAS
Los anuncios sobre el incremento del salario mínimo,
así como el debate en torno a la reforma de la Ley Orgánica del Trabajo,
justifican realizar un breve balance de la política anticapitalista adelantada
en el año 2011 en el Ministerio del Poder Popular para la Cultura y sus entes
adscritos ubicada en la transición hacia el socialismo, como continuidad de la
emprendida en los años precedentes.
1. Impulso de una política
anticapitalista dirigida a la dignificación de los trabajadores y trabajadoras,
avanzando sostenidamente a la igualación laboral.
En el año 2011 se dio continuidad a la política anticapitalista
dirigida a uniformar y reducir las diferencias, desigualdades y asimetrías en
los salarios básicos y en los beneficios sociales no remunerativos percibidos
por los trabajadores y trabajadoras al servicio del Ministerio del Poder Popular
para la Cultura y sus instituciones adscritas.
El diseño y ejecución del Plan de Igualación
Laboral, por cuarta vez en el período de 4 años, contribuyó a la consolidación institucional
del Ministerio, a su papel de órgano rector del sector cultura a nivel nacional
y se complementó con las políticas de dignificación y justicia laboral dictadas
por el Presidente de la República el 1º de mayo de 2011 en beneficio de los
trabajadores y trabajadoras del sector público, concretadas en el incremento
del salario mínimo nacional (Decreto Nº 8.167), en el incremento y actualización
del Tabulador de Salarios del Personal Obrero (Decreto Nº 8.168) y en el
incremento y actualización de la Escala de Remuneraciones de los Funcionarios y
Funcionarias Públicos (Decreto Nº 8.169).
En el año 2011, tras un amplio proceso informativo
y consulta, voluntariamente fueron finalmente incorporados los trabajadores y
trabajadoras al servicio de las Fundaciones Museos Nacionales y Teatro Teresa
Carreño al Plan de Igualación Laboral (que sólo habían sido puntualmente
incluidos en el año 2008). Con ello, se avanzó en una política uniforme y
coherente, basada en la planificación centralizada y en la rendición de
cuentas, en la racionalidad y sostenibilidad presupuestaria y financiera, ejecutada
en forma progresiva y transparente, asegurando un trato igualitario entre los
trabajadores y trabajadoras que prestan labores, tareas y responsabilidades
equivalentes o similares; así como disminuyendo la distancia entre las
remuneraciones percibidas por el personal de dirección y de confianza en relación
al personal ejecutante, profesional, administrativo y obrero.
En virtud del Plan de Igualación Laboral, cada
categoría de trabajadores y trabajadoras: personal de dirección y de confianza,
ejecutantes, profesionales, técnicos, administrativos y obreros, perciben las
remuneraciones básicas y conceptos salariales que les corresponden a sus
respectivos niveles, sin establecer diferencias entre las distintas
instituciones u organismos adscritos, derrotando la dispersión y fragmentación
institucional. De igual modo, se asegura que todas las categorías de
trabajadores y trabajadoras perciban beneficios sociales no remunerativos (por
ejemplo, contribución para la adquisición de útiles y uniformes escolares,
contribución por juguetes, contribución por matrimonio y nacimiento de hijo(a)
iguales o similares, superando el trato discriminatorio entre cada categoría o
nivel de responsabilidad laboral, fortaleciendo la noción de salario
social.
Las diferencias puntuales y focalizadas que aún se
mantienen en algunos de los conceptos salariales (fundamentalmente, montos del
bono de fin de año o aguinaldos, prima de transporte) y beneficios sociales no
remunerativos se convierten en objetivos a ser cumplidos impostergablemente en
el año 2012, con lo cual, al finalizar este año, se habrá alcanzado lo previsto
en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007 – 2013 (Primer
Proyecto Nacional Simón Bolívar) en el sentido de estructurar y poner en
ejecución en el sector un sistema de remuneraciones y beneficios sociales que
apunte en el sentido de la igualdad sustantiva, en correspondencia con una
nueva estructura social fundada en la mayor suma de felicidad social posible.
2. Hacia la
desprivatización del sistema de protección de los trabajadores y trabajadoras y
de sus familiares en materia de salud, accidentes personales, vida y servicios
funerarios.
En el año 2011 se avanzó en el diseño e
implementación de una estrategia integral dirigida a asegurar: a. la disminución del peso de la gestión privada en el
sistema de protección de los trabajadores y trabajadoras y de sus familiares en
materia de salud, accidentes personales, vida y servicios funerarios; b. la disminución de la transferencia de recursos
públicos por estos conceptos al sector privado, protegiendo el patrimonio
público, y c. participación en una plataforma de
lucha contra la mercantilización de los servicios de salud, lo que se concreta
en la Alianza Interinstitucional por la Salud.
El sistema de protección de los trabajadores y
trabajadoras que laboran en el Ministerio del Poder Popular para la Cultura y
sus instituciones adscritas, alcanza alrededor de 25.400 personas,
divididos entre 7.870 trabajadores titulares y 17.530 familiares beneficiarios.
La disminución del peso de la gestión privada en el
sistema se produjo con el fortalecimiento de las capacidades de gestión propias
del Ministerio y de 13 de las 30
instituciones adscritas. En ellas, de manera progresiva, se ha avanzado
en la transición hacia esquemas autoadministrado en materia de reembolsos, de
contingencias de accidentes personales y vida, generando economías o ahorros
por concepto de comisiones administrativas, optimizando y haciendo eficiente la
administración del patrimonio público y disminuyendo tiempos de espera o
retrasos que afectaban a los trabajadores y trabajadoras y sus familiares. Al
mismo tiempo, se ha cambiado la modalidad de cobertura del seguro a riesgo a
servicio administrado en materia hospitalización, cirugía, maternidad y
servicios funerarios, cancelando servicios por eventos reales, nuevamente
haciendo más eficiente y transparente la ejecución presupuestaria y
financiera.
En materia de disminución de la transferencia de
recursos públicos al sector privado por estos conceptos, se establecieron
varias medidas: creación de dos unidades centrales de control de facturación a
nivel ministerial, evitando la dispersión derivada de la atomización y
fragmentación institucional; presentación de denuncias y activación de
procedimiento de conciliación ante la Superintendencia de la Actividad
Aseguradora; cambio en la modalidad de seguro a riesgo, aumentando las
instituciones bajo la modalidad de servicio administrado y autoadministrado.
Las cifras consolidadas del Ministerio y de las
instituciones adscritas evidencian que en el año 2011 la facturación total por
este concepto sólo creció en 7,6% en relación a la cancelada en el año 2010,
cuando su crecimiento alcanzó el 41,7%. La cifra de crecimiento del año 2011 se
ubica 20 puntos por debajo de la inflación del año 2010 (27,6%), lo que revela
un importante esfuerzo por disminuir la transferencia de recursos al sector
privado, luchando contra la especulación derivada de la intermediación
financiera. La disminución relativa de
la facturación se presenta, al mismo tiempo que se incrementa del 4,62% en el
número de usuarios y usuarias cubiertos y amparados por el sistema de
protección implementado entre el año 2010 y 2011, pasando de 24.299 a 25.400, respectivamente.
Consecuente en la lucha contra la privatización y
la mercantilización de la salud, el Ministerio del Poder Popular para la
Cultura se ha Incorporado a la Alianza Interinstitucional por la Salud,
conformada por diversos órganos y entes del Estado (incluidos entre otros, el
BCV, el Poder Judicial, la CANTV, PDVSA, el Ministerio del Poder Popular para
la Educación), con el objeto de impulsar la regulación de costos y precios de
los servicios prestados en los centros médicos privados (a través de un baremo
único), así como para establecer convenios directos entre dichos órganos y
entes y los centros médicos, superando la especulación propia de la
intermediación financiera de las empresas aseguradoras privadas. Así pues, el
Ministerio se suma a un esfuerzo interinstitucional, que ha logrado el apoyo de
importantes organizaciones sindicales, para avanzar en una de las fuentes, por
vía de transferencia, de la apropiación o captación interna de la renta
petrolera más perversa justificada en la protección social de los trabajadores,
trabajadoras y sus familias.
3. Cancelación de la deuda por prestaciones sociales de los
trabajadores y trabajadoras, y disminución de pasivos con las instituciones de
la seguridad social.
La reducción en la transferencia de recursos al
sector privado justificada en la prestación de servicios de seguros a riesgos,
ha permitido liberar recursos presupuestarios y financieros, generar economías
y ahorros que se han destinado a la cancelación de la deuda acumulada en años
anteriores con los trabajadores y trabajadoras en materia particularmente de
prestaciones de antigüedad, así como en pasivos por contribuciones y aportes a
las instituciones de la seguridad social.
El mejor ejemplo de ello, se presentó en el
Instituto Autónomo Biblioteca Nacional, que en los años 2010 y 2011 logró
cancelar, respectivamente, las prestaciones sociales a 118 y 129 trabajadores y
trabajadoras egresados o a sus respectivos familiares del Instituto Autónomo
Biblioteca Nacional y de los Servicios de Biblioteca, con una inversión de Bs.
1.254.238,89 y de Bs. 4.210.917,24. Con ello se incrementaron los casos
atendidos en comparación con el período 2007 a 2009 cuando se atendieron un total 122 solicitudes
de pago de prestaciones sociales y se invirtieron Bs. 876.703,05. Con esta
política de justicia se ha derrotado el retraso o mora que existía en esta
materia.
En el año 2011, se cancelaron deudas o pasivos
acumulados en materia de contribuciones y aportes a las instituciones de la
seguridad social, particularmente al Instituto Venezolano de los Seguros
Sociales y al Fondo Especial de Jubilaciones y Pensiones (previsto en la Ley
del Estatuto sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o
Empleados de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los
Municipios). Este proceso deberá culminarse en el año 2012 en el caso del
Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y del Centro de Estudios
Latinoamericanos Rómulo Gallegos (CELARG), asegurando que las políticas de
igualación laboral, desprivatización del sistema de protección social, vengan
acompañadas por el logro del saneamiento administrativo en materia de pasivos
por conceptos de prestaciones sociales y obligaciones con la seguridad social
pública y solidaria.
Epílogo. Año
2012: A profundizar la igualación y la desprivatización.
En el año 2012 la agenda de la transición
socialista reclama la profundización de los cambios y las transformaciones
revolucionarias, fortaleciendo las experiencias exitosas y positivas; revisando
y rectificando las fallas y los errores.
En todo caso, en el marco de la aplicación del
Proyecto Nacional Simón Bolívar, la permanente aplicación de las 3R, obliga a
fortalecer la noción del salario social; a darle continuidad y ampliar los
planes dirigidos a la igualdad sustantiva; a asegurar la estabilidad y
permanencia de los contratados y contratadas recurrentes; a la derrota y
disminución de la privatización de los servicios que reciben los trabajadores,
trabajadoras y sus familiares; así como a sanear y equilibrar la gestión
administrativa del Ministerio y sus entes adscritos, particularmente aquellos
que puntualmente mantienen pasivos con sus trabajadores y trabajadoras y con
las instituciones de la seguridad social.
Se trata, pues, de avanzar en una nueva forma de
organizar el Estado que haga posible la justicia social, facilitando la
participación y protagonismo de los trabajadores y trabajadoras.
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